SECRETARIA DE CULTURA DICE CAMBIARON EL PROYECTO DE LEY DE CINE

Mateo Morrison, subsecretario de Desarrollo Institucional y Marlon Soto, director Nacional de Cine ofrecieron los detalles de la declaración pública emitida por la Secretaría de Estado de Cultura, en torno al proyecto de Ley de Cine. Le acompañaron Filias Bencosme, consultor Jurídico de la SEC, y Fernando Arturo Rodríguez Fernández, asesor Nacional de Cine.



En diciembre del 2007 el Senado de la República aprobó un proyecto de Ley de Cine que, con ayuda del BID y el experto en leyes culturales Gonzalo Castellanos, la Secretaría de Estado de Cultura y la Dirección Nacional de Cine habían venido trabajando desde el 2004 con distintos sectores del ámbito audiovisual dominicano. En efecto, luego de alcanzarse una redacción y un contenido satisfactorios para todas las partes involucradas en el proceso, directores, productores, exhibidores y distribuidores, la misma fue firmada por consenso y depositada en el Congreso en agosto del 2007.
Luego de dos años, y después de perimir en dos ocasiones en la Cámara de Diputados, este proyecto fue aprobado por tercera vez en el Senado el 3 de noviembre del año en curso y enviado a la Cámara de Diputados nuevamente. Este evento fue acogido con beneplácito, tanto por la SEC como por el sector audiovisual.
Sin embargo, para nuestra sorpresa, hemos constatado recientemente que el proyecto que descansa en la Cámara de Diputados no es el proyecto de ley consensuado, aprobado por el Senado, sino un nuevo proyecto de ley propuesto por el Presidente de la Comisión de Cultura, el Diputado Manuel Jiménez, elaborada rápidamente bajo la asesoría de una comisión del sector civil, con el Sr. Carlos Santos a la cabeza. Desconocemos la razón verdadera para la introducción repentina de este nuevo proyecto de ley. Lo que sí hemos confirmado, haciendo un estudio detallado del mismo es que, por su contenido y forma, constituye un atentado directo contra la Secretaría de Estado de Cultura y la naciente industria de Cine Nacional.
La excusa que se ha utilizado para violentar totalmente el proyecto de ley consensuado por todos los sectores locales en el 2007, y aprobado por el Senado recientemente, es la inclusión de incentivos fiscales adicionales para los productores foráneos. Esto es algo que consideramos completamente innecesario a la luz de que el proyecto consensuado ya contiene suficientes beneficios para los realizadores extranjeros. Los incentivos adicionales que se buscan para estos productores serían prácticamente subsidios con los que, a larga, lo que se persigue es convertir nuestro país en terreno fértil para el desarrollo de empresas de producción extranjera, destruyendo en el proceso el desarrollo de una auténtica Industria Cinematográfica Nacional.
De manera que estamos ante un nuevo proyecto de ley de cine que en lugar de proteger nuestras producciones, las desampara a expensas de las compañías de producción internacionales.
Nosotros, en calidad de propulsores de las políticas cinematográficas y de representantes de la Cinematografía Nacional, en el ámbito público, apoyamos de manera categórica, sin modificación alguna, el proyecto de ley consensuado que fuera sometido por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado de la República el 3 de noviembre del año en curso y que descansa en el Congreso desde el 2007.